En un contexto de transición política y económica, la administración de Claudia Sheinbaum ha presentado al Congreso de la Unión el Paquete Económico para 2026, un documento que refleja tanto la herencia del sexenio anterior como las prioridades de un gobierno que se autodenomina humanista y transformador. Este paquete, que incluye la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y diversas reformas fiscales, busca equilibrar el gasto social con la disciplina macroeconómica, pero no está exento de controversias.

Entre los aspectos más positivos, destaca el compromiso inquebrantable con los programas sociales, que se erigen como el pilar central de esta propuesta. Con una asignación de 526 mil millones de pesos a la pensión universal para adultos mayores, junto a becas y apoyos específicos para mujeres, el paquete garantiza la continuidad y expansión de iniciativas que han marcado la diferencia en la reducción de la pobreza y la promoción de la equidad. Esta priorización no solo beneficia a sectores vulnerables, sino que inyecta vitalidad a la demanda interna, fomentando un ciclo virtuoso de consumo y crecimiento.

Otro punto a favor es la disciplina fiscal proyectada, con un déficit moderado entre el 3.2% y el 3.5% del PIB, y una estimación de crecimiento económico entre el 1.8% y el 2.3%, superior a muchos pronósticos internacionales. Esta visión optimista, impulsada por la inversión pública, sugiere una estabilidad que podría atraer inversiones extranjeras y consolidar la recuperación post-pandemia. Finalmente, la apuesta por la infraestructura clave, con 104,576 millones de pesos destinados a nuevos trenes y obras en salud, educación y transporte, promete un desarrollo regional más equilibrado y la generación de empleo, posicionando a México como un actor más competitivo en el escenario global.

Sin embargo, es aquí donde emergen las críticas más agudas. Uno de los puntos más negativos es el incremento en impuestos indirectos, como el IEPS a refrescos (hasta 3.08 pesos por litro) y tabaco (hasta un 200% ad valorem), además de un nuevo gravamen a videojuegos violentos. Aunque se justifiquen por motivos de salud y seguridad, estos aumentos podrían golpear el bolsillo de los consumidores de clase media y baja, exacerbando la inflación en bienes cotidianos y generando un debate sobre si su propósito es realmente recaudatorio o más bien punitivo.

Un elemento preocupante es la alta solicitud de deuda pública, superior a los 1.9 billones de pesos, en gran parte heredada de pasivos como los de Pemex. Esta cifra eleva la presión fiscal y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo, especialmente si las tasas de interés globales se mantienen altas o si el refinanciamiento no se materializa como se espera. Por último, los recortes en ciertos sectores, como una reducción del 3.4% en el presupuesto del Poder Legislativo y castigos presupuestales a entidades como Puebla (860 millones menos en el Ramo 33), podrían desequilibrar la operación institucional y acentuar desigualdades regionales, alimentando percepciones de centralismo o revanchismo político.

Más allá de lo positivo y negativo, el paquete presenta puntos interesantes que merecen una reflexión profunda. La reforma aduanera, por ejemplo, introduce cambios radicales para combatir la evasión y a los factureros, lo que podría generar ingresos adicionales sin necesidad de nuevos impuestos generales, estimados en miles de millones de pesos. Esto representa una oportunidad para modernizar el sistema fiscal y aumentar la eficiencia recaudatoria.

Otro aspecto notable es el incremento del 17% en el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (hasta 85,960 millones de pesos), que parece premiar la reciente reforma judicial, mientras se reducen recursos a otros poderes. Esta distribución resalta un enfoque en la transformación institucional, pero también invita a cuestionar si fortalece o debilita el equilibrio de poderes.

Además, las exenciones fiscales para el Mundial de Fútbol 2026, que liberan de impuestos a empresas y personas involucradas en su organización, equilibran el gasto social con incentivos para eventos internacionales, potencialmente impulsando el turismo y la economía.

Finalmente, el secretario de Hacienda lo describe como un paquete “humanista” que garantiza derechos sociales sin afectar la operación gubernamental, enfatizando la austeridad republicana y el refinanciamiento de deuda para aliviar presiones futuras.

En suma, el Paquete Económico 2026 es un reflejo fiel de la visión de la Presidenta Sheinbaum: un México más inclusivo y soberano, pero con desafíos inherentes a la herencia económica y las ambiciones transformadoras. Si bien los avances en bienestar y infraestructura son loables, los riesgos fiscales y las medidas impositivas demandan un escrutinio riguroso por parte del Congreso y la sociedad. Es momento de debatir, no solo aprobar, para asegurar que beneficie a todos los mexicanos.