El reporte publicado el 23 de diciembre de 2025 por la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, titulado “Jóvenes oportunidad en la generación Z”, pone sobre la mesa una realidad cruda que millones de jóvenes mexicanos entre 15 y 29 años viven a diario: bajos niveles educativos, empleo predominantemente informal, salarios que no alcanzan para cubrir necesidades básicas y una ausencia casi total de seguridad social. Esta generación, nacida en la era digital y con acceso a información ilimitada, enfrenta paradójicamente barreras estructurales que limitan su desarrollo profesional y personal, revelando un fallo sistémico en el mercado laboral mexicano.

Los datos son alarmantes: de los 33.4 millones de jóvenes en este rango, solo una minoría accede a empleos formales en empresas medianas o grandes. La mayoría se estanca en la informalidad, con ingresos insuficientes —muchos por debajo de la línea de pobreza— y sin prestaciones como salud o pensión. El rezago educativo agrava el panorama: numerosos no concluyen el bachillerato, lo que cierra puertas a oportunidades de teletrabajo o carreras con proyección. Esta precariedad no es un accidente, sino el resultado de un modelo económico que prioriza la flexibilidad extrema para las empresas, dejando a los jóvenes en vulnerabilidad permanente.

Las consecuencias van más allá de lo individual. Una generación entera con limitadas opciones de crecimiento profesional genera frustración social, mayor desigualdad y un freno al potencial económico del país. En un México que presume de nearshoring y crecimiento, es inaceptable que la fuerza laboral más joven y preparada tecnológicamente esté condenada a la subsistencia. Ignorar esto no solo perpetúa la pobreza intergeneracional, sino que debilita la competitividad nacional a largo plazo.

Es momento de pasar de los diagnósticos a la acción concreta. El gobierno debe impulsar estrategias reales de primer empleo con capacitación efectiva, incentivos fiscales para la formalización y programas educativos que retengan a los jóvenes en el sistema. Las empresas, por su parte, tienen la responsabilidad de ofrecer contratos dignos y caminos de desarrollo. Solo con políticas integrales que garanticen derechos laborales básicos —salario suficiente, seguridad social y estabilidad— podremos romper el ciclo de precariedad y permitir que la Generación Z construya el futuro que México necesita.

No podemos seguir postergando a quienes representan el bono demográfico del país. La precariedad de hoy es la crisis de mañana; actuar ahora es una obligación moral y económica impostergable.