El 12 de febrero se conmemoró en México el Día Nacional del Derecho al Voto Femenino, recordando la reforma de 1947 que permitió a las mujeres participar en elecciones municipales en igualdad de condiciones con los hombres. Este hito histórico, aunque tardío en comparación con otros países, marcó el inicio de una mayor inclusión política femenina en el país. Al mismo tiempo, esa fecha coincidió con el Día Internacional de las Manos Rojas, que denuncia el reclutamiento de niños y niñas en conflictos armados, resaltando cómo la guerra sigue robando la infancia y vulnerando derechos básicos de la juventud global.

En paralelo, ONU Mujeres ha reiterado una cifra alarmante que persiste en 2026: las mujeres en el mundo solo cuentan con el 64% de los derechos jurídicos que gozan los hombres. Esta brecha abarca áreas críticas como el trabajo, la propiedad, la seguridad, la familia y la movilidad. Ningún país ha cerrado completamente estas desigualdades legales, y el ritmo actual de avance proyecta que tomará 286 años eliminarlas por completo, según alertas de la agencia.

Este dato no es un mero número estadístico; representa vidas limitadas por leyes discriminatorias o por su débil aplicación. En regiones donde las normas sociales y religiosas refuerzan la exclusión, las mujeres enfrentan barreras adicionales que convierten derechos formales en privilegios inalcanzables. La conmemoración del voto femenino en México contrasta dolorosamente con esta realidad global: hemos avanzado en participación política, pero la igualdad sustantiva sigue siendo una deuda pendiente.

El lema del Día Internacional de la Mujer 2026 —“Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas”— es un llamado urgente a pasar de la retórica a los hechos. No basta con celebrar efemérides o aprobar reformas simbólicas; se requiere desmantelar estructuras legales obsoletas, fortalecer la justicia con perspectiva de género y asignar recursos reales a políticas de igualdad. México, con su historia de lucha feminista, tiene la obligación de liderar en América Latina, donde los retrocesos en derechos reproductivos y contra la violencia machista amenazan con revertir décadas de progreso.

La persistencia de estas brechas legales no solo perpetúa la desigualdad, sino que frena el desarrollo colectivo. Países con mayor equidad de género muestran economías más resilientes, sociedades más pacíficas y menor violencia. Ignorar el 36% de derechos que faltan equivale a desperdiciar el potencial de la mitad de la humanidad, en un mundo que enfrenta crisis climáticas, conflictos y desigualdades económicas que demandan contribuciones plenas de todos.

Es imperativo que gobiernos, instituciones y sociedad civil actúen con urgencia. En México, fortalecer la implementación de leyes contra la discriminación, invertir en educación con enfoque de género y garantizar justicia efectiva para víctimas de violencia son pasos concretos. A nivel global, la presión sobre ONU Mujeres y los Estados debe traducirse en reformas legislativas aceleradas y en sanciones a retrocesos.

La conmemoración del voto femenino y la alerta de ONU Mujeres nos recuerdan que la igualdad no es un regalo histórico, sino una conquista constante. Si no actuamos ahora con determinación, seguiremos celebrando aniversarios mientras las mujeres y niñas pagan el costo de un progreso demasiado lento. La justicia de género no puede esperar otros 286 años: debe ser hoy.